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Miedo, pobreza y falta de información afectan el proceso de renovación de DACA

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Miedo, pobreza y falta de información afectan el proceso de renovación de DACA

 


United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país, estima que solo 26% de los soñadores que califican para DACA han renovado el amparo de sus deportaciones. Reitera que está en campaña para motivar el envío de solicitudes al servicio de inmigración.

Las tres órdenes judiciales que mantienen vivo la Acción Diferida del 2012 (DACA) no han sido suficientes para apaciguar el miedo entre los dreamers para que se reinscriban en el programa y obtengan otros dos años de amparo de deportación.

“También hemos visto que no todos los que califican para renovar la protección tienen en las manos el dinero ($490) para pagar el costo del trámite. A esto se suma la falta de información”, dice Greisa Martínez, directora de políticas de United We Dream (UWD), la principal organización de soñadores del país.


Un reciente informe de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), revela que al 31 de marzo la agencia había aceptado cerca de 64,000 solicitudes de renovación de DACA desde el 9 de enero, cuando una corte federal del norte de California le ordenó al gobierno de Donald Trump que restableciera el programa.

De ellas, “se han aprobado aproximadamente 32,000”, dijo a Univision Steve Blando, vocero de la USCIS.

“La cifra representa apenas el 26% del total de soñadores que califican para renovar sus amparos”, dijo Martínez.


El programa

DACA fue activado el 15 de agosto de 2014 por el entonces presidente Barack Obama. Pero el 5 de septiembre del año pasado fue cancelado por el gobierno de Trump aduciendo que era inconstitucional porque Obama violó la constitución al cambiar una parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) sin el permiso del Congreso.

El 9 de enero, sin embargo, en respuesta a una demanda interpuesta por varias organizaciones, entre ellas la Universidad de California, una corte federal restableció el programa y argumentó que la cancelación había sido “caprichosa” y “arbitraria”.

Otros dos tribunales federales de Brooklyn, Nueva York, y del Distrito de Columbia, el 13 de febrero y el 24 de abril respectivamente, emitieron fallos similares.

“Pero eso no detiene los temores”, agregó Martínez. “Por ese motivo hace unas semanas lanzamos una campaña en varios estados para darle confianza a los dreamers que califican a que se inscriban, que renueven sus amparos de deportación y también sus permisos de trabajo”.

“La campaña incluye recolección de fondos para ayudar a algunas personas que no tienen recursos. Mientras DACA sigue vivo, podemos seguir tramitando los permisos de trabajo por otros dos años. Es importante hacerlo ahora que tenemos las decisiones de los tribunales a nuestro favor”, dijo la activista.

UWD dijo además que en las campañas informativas recomienda a dreamers con problemas legales o que hayan cometido faltas, “que hablen con un abogado antes de enviar los formularios”.

El reglamento señala que ciertas fallas, como por ejemplo cargos por manejar borracho o bajo la influencia del alcohol (DUI), descalifica al dreamers para recibir el amparo de la deportación.

 


La postura oficial

La USCIS reiteró que está “aceptando y resolviendo las solicitudes de renovación de DACA de acuerdo con las políticas vigentes antes de su rescisión el 5 de septiembre de 2017”.

“USCIS generalmente procesa las solicitudes de renovación de DACA en el orden en que se reciben, con un objetivo de procesamiento de 120 días para la renovación solicitudes y aplicaciones de renovación de EAD (autorizaciones de empleo) relacionadas”, indicó Blando.

Sin embargo, los tres fallos judiciales emitidos hasta ahora no son suficientes para garantizar que el programa se mantenga vigente por largo tiempo. El pasado 1 de mayo siete estados encabezados por Texas presentaron una demanda ante la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas en Brownsville contra el gobierno federal para evitar que sean renovados o sean emitidos nuevos permisos de trabajo bajo DACA.

El estado de Texas considera que DACA es “inconstitucional” y alega que el gobierno de Trump lo canceló “legalmente”.

 


La corte de distrito de Brownsville donde fue presentada la demanda de los siete estados es presidida por el juez Andrew S. Hanen, el mismo que en febrero de 2015 dictó una medida cautelar en contra de la Acción Ejecutiva de Obama del 20 de noviembre de 2014, que impidió la entrada en vigor de una ampliación de DACA (con nuevos solicitantes y amparos de deportación de tres años) y DAPA, programa que amparaba de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses.

Por: JORGE CANCINO


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